Como destaca el diputado de Desarrollo Rural, Jesús Martín, “los borradores presentados no tienen una perspectiva de reto demográfico y tampoco presentan un equilibrio entre objetivos sociales y económicos con criterios eminentemente ambientales, lo que perjudica la actividad agraria, el desarrollo de regadíos, el abastecimiento y la depuración en nuestra provincia”.

Las alegaciones al Plan del Tajo se incluían en la declaración institucional aprobada por el Pleno corporativo de diciembre. En ella, se exige “la revisión de las Normas de Explotación de El Burguillo, Charco del Cura y embalse de San Juan, principalmente orientadas a satisfacer una demanda exponencial de agua de la Comunidad de Madrid, sin el más mínimo ejercicio de solidaridad con los municipios de la cuenta del Río Alberche, que ven comprometido su desarrollo por la detracción de caudales, restando competitividad a nuestros municipios”.

Además, se piden actuaciones en la provincia de Ávila para modernizar e incluir nuevos regadíos en el Alberche y el Tiétar, con la regulación en el Alto Tormes, que permitiría un almacenamiento de aguas invernales de ese río para asegurar las dotaciones de riego necesarias y que en los últimos años se han visto con numerosas restricciones. En esta línea, se busca promover la modernización de los regadíos de la Judía de El Barco.

La declaración incluye también la propuesta de que “la Administración General del Estado, cumpliendo con las actuaciones asignadas en el Plan Nacional de las Aguas, contemple la firma de un nuevo Plan Nacional donde se incluyan la depuración de las aguas residuales de las localidades menores de 500 habitantes equivalentes”.

En cuanto al Plan de la Cuenca del Duero, “hay que adaptarse al cambio climático acometiendo el aumento de la regulación de la Cuenca del Duero para garantizar la sostenibilidad futura del regadío, algo en lo que la provincia de Ávila, especialmente la comarcas de La Moraña tiene mucho que decir”, ha subrayado Martín.

El acuerdo autonómico para la Cuenca del Duero ha sido firmado en Palencia, además de por el presidente de la Institución provincial abulense, Carlos García, por las diputaciones del resto de provincias castellano y leonesas -excepto la de León-, por los representantes de las organizaciones profesionales agrarias de la Comunidad y por el consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero.

Las alegaciones básicas y comunes a ambos proyectos giran en torno a ejes como las regulaciones, los nuevos regadíos, las aguas subterráneas, la contaminación difusa y el cambio climático.

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