La Diputación de Ávila sacará a licitación un nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio por un valor de 26 millones de euros
jueves, 27 de julio de 2017
La Diputación de Ávila ha aprobado hoy en un pleno extraordinario el expediente de contratación para la adjudicación del contrato de servicios de Ayuda a Domicilio, cuyo valor estimado asciende a 26 millones de euros para un periodo de cuatro años.
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El expediente, que cuenta con el rechazo en la Comisión correspondiente de Familia, Dependencia e Igualdad de Oportunidades, del Grupo Trato Ciudadano (TC) y el voto favorable del resto de grupos con representación en el pleno, saldrá a licitación una vez que la empresa concesionaria actual ha comunicado que renuncia a la prórroga del contrato.
En este sentido, el presidente de la Diputación de Ávila ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los 1.600 usuarios que, en la actualidad, son atendidos por el Servicio de Ayuda a Domicilio de la institución provincial, por el mantenimiento de este programa del que ha destacado su importancia por el montante económico que supone y por los usuarios a los que llega.
Así, el contrato saldrá a licitación con un presupuesto anual de 6,5 millones de euros, IVA incluido, por un periodo de dos años y la posibilidad de prorrogarlo dos más.
El presidente de la Diputación ha destacado, de la misma forma, el tipo de licitación del contrato, que será de 16 euros la hora, IVA incluido, una cuantía superior a los 14 euros que, en la actualidad, se abonan por el servicio.
Por otra parte, el pleno extraordinario de la Diputación de Ávila celebrado hoy ha aprobado, con el voto en contra en la Comisión correspondiente de Familia, Dependencia e Igualdad de Oportunidades de Trato Ciudadano, la abstención de PSOE y Ciudadanos (C’s) y el voto favorable de PP, IU y UPyD, la aprobación inicial del Reglamento del Centro Residencial Infantas Elena y Cristina. El reglamento deberá quedar expuesto a un periodo de información pública de un mes.
La nueva exposición pública se realizará a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que estima un recurso interpuesto por Trato Ciudadano contra el acuerdo del pleno de 30 de mayo que aprobaba la modificación del reglamento del centro residencial.