Estas ayudas se desglosan en dos programas, cuyas bases ha publicado hoy el Boletín Oficial de la Provincia (BOP): por un lado, se destinan 1.293.926 euros a municipios, entidades locales menores y agrupaciones de municipios de la provincia menores de 1.000 habitantes. Además, se destinan 706.267 euros a este mismo fin en municipios de entre 1.000 y 10.000 habitantes.

En ambos casos, las solicitudes deberán presentarse antes del 15 de abril y, dentro de la primera línea de subvenciones, las ayudas podrán ser destinadas a financiar los costes salariales derivados de la contratación temporal de trabajadores desempleados, inscritos como demandantes de empleo, para la realización de obras y servicios. También se financiará la realización de obras tanto mediante gestión directa como indirecta y la adquisición del equipamiento estará relacionada con la contratación.

Se hará especial hincapié, en este sentido, en trabajos relacionados con actividades forestal y medioambiental, infraestructuras y equipamiento, industrial, turística, equipamientos comerciales y nuevas tecnologías.

Los beneficiarios podrán destinar hasta el 30 por ciento de la subvención concedida a realización de obras y a la adquisición de equipamiento y el resto de la subvención, a la contratación de personas desempleadas. Para poder destinar el 30 por ciento de la subvención a equipamiento será condición indispensable que el ayuntamiento destine el 70 por ciento restante a la contratación de trabajadores.

En cuanto a la segunda línea de subvenciones, podrán ser destinadas a contratar trabajadores para la realización de obras y servicios de interés general y social. Los contratados deberán estar inscritos en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) y tendrán preferencia los colectivos prioritarios establecidos en la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo, como son los menores de 35 años, preferentemente sin cualificación; los mayores de 45 años, especialmente para quienes carezcan de prestaciones y presenten cargas familiares, y los parados de larga duración –más de un año ininterrumpido- y muy larga duración –más de dos años ininterrumpidos-, con especial atención a aquellos que han agotado sus prestaciones por desempleo y las personas en riesgo de exclusión social.

Volver a las noticias