Los 14.520 euros del acuerdo servirán para costear los primeros veinte casos que los consistorios afronten en las jurisdicciones social, civil y contencioso-administrativa. Los abogados serán designados por el Colegio y deberán tener al menos tres años de experiencia profesional. En caso de que durante la vigencia del acuerdo (31 de diciembre de 2020-31 de diciembre de 2021) se superasen esos veinte casos, la Diputación ampliará la dotación presupuestaria a razón de 600 euros por pleito. El convenio contempla también la defensa en primera y segunda instancias, y excluye los recursos de casación ante el Tribunal Supremo.

“El objetivo, como en cada actuación de esta Diputación, es mejorar el funcionamiento y los servicios de los consistorios, lo que, al fin y al cabo, redunda en la mejora de las condiciones de vida de los abulenses que viven en nuestro medio rural”, ha señalado el presidente.

Por su parte, la decana en funciones del Colegio de Abogados de Ávila, Raquel Sánchez, ha apuntado que este convenio avanza “en lo que consideramos que debe ser la universalización de la justicia, de ahí su importancia, para que, en este caso, cualquier ayuntamiento pueda tener la mejor defensa independientemente de su número de habitantes o de sus posibilidades presupuestarias”.

Sánchez ha destacado “la experiencia” que ofrece el Colegio de Abogados, “puesto que llevamos décadas organizando el servicio de justicia gratuita a personas físicas y creemos que estamos en las mejores condiciones para poder ofrecer este mismo servicio a personas jurídicas como son las entidades locales”.

Por último, ha agradecido a la Diputación que haya estado dispuesta “a que los municipios cuenten con la mejor defensa jurídica que se les puede ofrecer”.

Volver a las noticias