El pleno ha aprobado, con los votos a favor del Grupo Popular, la abstención de PSOE, IU, UPyD y C’s y el voto en contra de Trato Ciudadano (TC), un documento que se defenderá ante la Junta de Castilla y León como plan industrial específico para Ávila y su provincia y que, además, compromete una aportación de seis millones de euros por parte de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Ávila en un periodo de cinco años y supeditados siempre a la inversión principal de la Junta de Castilla y León.

El presidente de la Diputación de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha calificado de “histórico” este día por ser la primera vez que se aprueba un plan de estas características para la provincia.

Sánchez Cabrera ha subrayado la “gran representación” que apoya el documento, al haberse gestado en el seno del Consejo Provincial de Diálogo Social, del que forman parte Diputación y Ayuntamiento, así como la Confederación Abulense de Empresarios (Confae) y los sindicatos UGT y CCOO.

Por su parte, el presidente de Confae, Juan Saborido, ha resaltado el hecho de que se haya aprobado un proyecto nacido en el marco del diálogo social y para el que le hubiera gustado “más apoyo”, porque, a su juicio, “la sociedad abulense reclama un plan industrial y un plan para el empleo”.

Aún así, el presidente de Confae ha comprometido el trabajo de la patronal abulense para conseguir financiación y sacarlo adelante.

En este sentido, el secretario general de CCOO en Ávila, Óscar García Barroso, ha incidido en que la abulense ha sido la primera provincia de Castilla y León en “escenificar” el modelo de diálogo social, en cuyo marco ha nacido la iniciativa de este plan que se presentará al Gobierno regional y, además, con una financiación previa comprometida que requiere también de la aportación autonómica.

García Barroso ha considerado que el plan es una apuesta “amplia” que recoge la realidad de la provincia y la “necesidad” de un plan industrial, ante la “alta dependencia” del sector servicios, “muy estacional y con grandes vaivenes”, lo que hace que la consolidación de un empleo de calidad sea más difícil.

Compatible y participativo

En el pleno, que ha contado también con la presencia del alcalde de Ávila, José Luis Rivas, y del secretario general de UGT en Ávila, Javier García Hernández, entre otros, el portavoz del equipo de Gobierno, Juan Pablo Martín, ha defendido un documento que da respuesta a la situación de Ávila, que tiene que recorrer “más camino” que las demás provincias de Castilla y León; un camino que, además, es “más largo y sinuoso” que el del resto.

El plan, a su juicio, plasma la “realidad” de la provincia abulense e incorpora propuestas realizadas no sólo por los grupos políticos sino también por Grupos de Acción Local a los que se ha consultado, además de ser “compatible” con la estrategia regional, que consigna 837 millones de euros hasta 2020, con el fin de conseguir que el empleo industrial represente el 20 por ciento de la masa laboral de Castilla y León.

La inclusión en el Plan Reindus, estrategias para gestionar fondos europeos desde una perspectiva rural o que se incorporen coeficientes de discriminación positiva son algunas de las medidas que se incluyen en este documento que también incluye herramientas para captar inversiones y la potenciación del sector agroalimentario, la biomasa y un cluster de la industria de la automoción y derivados para la provincia.

En este sentido, el Grupo Socialista ha considerado que la situación de Ávila requiere de “un trabajo serio y riguroso”, mientras que el documento “nace con la carencia de ese rigor”.

Los socialistas han indicado que no les gusta ni el “fondo” ni el “contenido” del plan, porque debería, entre otros aspectos, reflejar la situación de los municipios del sur de la provincia, limítrofes con las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha, por su carácter fronterizo y las oportunidades en infraestructuras que pueden tener, mientras que el Grupo de UPyD ha indicado que el documento sólo cubre “parte” de las necesidades de la provincia e incluye herramientas como una Agencia de Captación de Fondos Europeos que, a su juicio, es recurrir a “capas de burocracia”.

Por su parte, el Grupo de Ciudadanos ha señalado la “necesidad” de tener un plan industrial “efectivo” e Izquierda Unida ha opinado que el documento “vende humo” porque hay realidades a las que hay que hacer frente como la red ferroviaria o el peaje, mientras que Trato Ciudadano ha afirmado que se incluyen medidas “contradictorias” en materia de infraestructuras y que no se han incluido “fases de ejecución” o “prioridades”, por lo que ha propuesto “apartarlo” y elaborarlo para presentarlo para los presupuestos de 2019, para incluir partidas “específicas y prioritarias” para Ávila.

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