El Plan de Empleo Agrario para Ávila invierte más de dos millones de euros para contratar a 371 trabajadores eventuales agrarios en 43 municipios de la provincia para realizar proyectos
martes, 05 de diciembre de 2017
El Plan de Empleo Agrario está dotado con 2.086.574 euros de los cuales 400.000 euros son aportados por la Junta de Castilla y León, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), 301.557 euros por la Diputación Provincial de Ávila y 1.385.017 euros por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Este plan de empleo específico para la provincia abulense tiene como objetivo contratar 371 trabajadores en 43 municipios de zonas rurales deprimidas incluidas en los Consejos Comarcales de la provincia. El objetivo del plan es paliar la situación de desempleo a través de la financiación parcial de los costes derivados de la contratación de trabajadores, preferentemente eventuales agrarios, y mejorar la calidad del empleo con contrataciones a jornada completa para desarrollar proyectos de interés general y social.
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El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, el presidente de la Diputación Provincial de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y la Directora del SEPE en la Provincia Abulense, María Isabel Pellón Esteban, han presentado el Plan de Empleo Agrario para Ávila que invertirá un total de 2.086.574 euros para contratar 371 trabajadores, preferentemente eventuales agrarios en 43 municipios de la provincia de Ávila, para la ejecución de proyectos de interés general en estos municipios. Los ayuntamientos beneficiarios son aquellos incluidos en los Consejos Comarcales de Arenas de San Pedro y de Arévalo.
El objetivo del Plan es paliar la situación de desempleo en estos ayuntamientos, a través de la financiación de los costes salariales y de Seguridad Social derivados de la contratación temporal de los trabajadores, que estén desempleados e inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL).
Con esta inversión del ECYL, Diputación Provincial y SEPE se equiparan las condiciones de contratos a jornada completa de los trabajadores de los municipios abulenses con otros trabajadores agrarios de la Comunidad que se benefician del Programa de Fomento del Empleo Agrícola que impulsa el SEPE y en el que se incluye a las provincias de Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora. Los contratos deberán iniciarse antes del 31 de diciembre de 2017 y tendrán una duración de 90 días a jornada completa.
El Servicio Público de Empleo Estatal junto con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León subvencionará los costes salariales más la cotización empresarial a la seguridad social de los trabajadores desempleados correspondientes a su período subvencionado. Por su parte, la Diputación Provincial de Ávila, subvencionará las indemnizaciones por finalización de contrato y complementará los costes salariales y de seguridad social hasta el 100% de su coste.
Tendrán prioridad en la contratación aquellos trabajadores no cualificados, eventuales agrarios con responsabilidades familiares, con un mayor periodo de tiempo como demandante de empleo, y que no hayan sido contratados en planes de empleo en el año inmediatamente anterior, entre otros requisitos.
La II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020”, marca como uno de sus objetivos “establecer un mayor impulso del criterio de cohesión territorial y apoyo específico al empleo rural”, con el objeto de mejorar todos los niveles de ocupación y reducir el desempleo prestando especial atención a las personas que necesitan mayor apoyo y protección.
El plan anual de políticas de empleo 2017 consensuado por la Junta de Castilla y León con los agentes económicos y sociales, integra un Plan de Empleo Local, cuyas medidas ascienden a más de 51 M€ destinados a la contratación temporal de unos 5.500 trabajadores desempleados a través de las Entidades Locales. El plan tiene como objetivo principal impulsar un empleo de mayor calidad y apoyar a los colectivos y sectores específicos, articulando medidas teniendo en cuenta la incidencia del desempleo en el territorio.