Como ha apuntado el presidente, “el criterio de la dispersión demográfica debe ser tenido en cuenta a la hora de prestar servicios, pues en Ávila viven cien mil personas repartidas en unos ocho mil kilómetros cuadrados, con el coste que ello supone, que es mucho mayor que el que puede haber en localidades que aglutinan doscientos mil habitantes en 60 km2”.

Sin embargo, “las entidades locales vemos cómo, a punto de cumplirse 40 años de la aprobación de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, hemos pasado de ser ni siquiera beneficiarias en nuestras competencias propias a tener que ser colaboradoras necesarias en las impropias”.

Para Carlos García, los desequilibrios entre territorios están en la raíz del problema, pues “si hay 38 diputaciones de régimen común, tres forales, siete cabildos y cuatro consells insulares, las tres forales tienen más del doble de presupuesto que el resto de diputaciones, cabildos y consells juntos”. En este sentido, el presidente de la Institución provincial ha subrayado que “no queremos ser unas entidades subsidiadas, pero sí queremos hablar y que la voz de las diputaciones, cabildos y consells de régimen común se tenga en cuenta en una financiación justa, que no haga españoles de primera y de segunda”, ejemplificando que el marco legal de las diputaciones “no distingue obligaciones entre la DIPUTACIÓN DE ÁVILA, que tiene 81 millones de presupuesto, y la de Barcelona, que tiene 1.150 millones cuando hay cien mil abulenses en el medio rural de Ávila y 500.000 barceloneses que viven en municipios de menos de 20.000 habitantes”. 

Acto seguido, se ha preguntado “¿dónde están la cooperación y la solidaridad que emanan de la Constitución? Hay que afrontar los problemas reales y darles respuesta a través de una financiación justa, que tenga en cuenta a las personas del medio rural, que tienen sus trabajos, sus familias, que reivindican precios justos para sus productos agroalimentarios, que garantizan la calidad de la cadena alimenticia, que quieren mejores infraestructuras y fibra óptica”.

En cuanto a la Gobernanza multinivel, García no ha dudado en calificar este concepto como “un eslogan más de la factoría que pone nombres muy bonitos que no se plasman en la realidad” y ha reclamado “un compromiso efectivo que destaque la importancia de las entidades locales y lo que representan”. En el caso de Ávila, que “es una provincia agroganadera”, la gobernanza multinivel “se debería plasmar teniendo en cuenta a las administraciones más cercanas al ciudadano y a los propios vecinos para afrontar problemas como el del lobo o el de la limpieza de los cauces de los ríos, pero lo que vemos es que solo se tiene en cuenta al ecologismo burócrata que conoce el medio rural de unos cuantos fines de semana”, ha concluido.

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