En esa declaración se apunta que “la reconstrucción económica y social de España no puede llevarse a cabo sino desde la cercanía y la inmediatez de cada uno de los pueblos y ciudades".

Para García, “el papel de las diputaciones provinciales es el de grandes aliados para gestionar, con los ayuntamientos, los fondos europeos, ya que somos las entidades que mejor conocemos el terreno y disponemos de las herramientas necesarias para trabajar, con inmediatez y eficiencia, frente a la crisis social y cualquier otra consecuencia de la COVID-19".

El presidente de la Institución provincial ha reclamado “más fondos para las entidades locales, a la altura del porcentaje de participación que tienen en los gastos del Estado, que ronda el 15%, más plazo para solicitar, presentar, ejecutar y justificar las ayudas que van a llegar de la UE, y más flexibilidad para la gestión, especialmente en lo que se refiere a la ley de contratos”. Carlos García sostiene que “si queremos que los fondos tengan el mejor uso y el mejor destino en beneficio del interés general, hay que dejar trabajar”.

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